Las tarjetas de crédito son herramientas cotidianas y ahora, la Agencia Tributaria ha decidido poner el foco en ellas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. A partir de este año, intensificará el control sobre los movimientos realizados con tarjetas, exigiendo a bancos, grandes almacenes y otras entidades emisoras un nivel de detalle sin precedentes hasta la fecha.

El objetivo principal de esta nueva medida es aumentar la transparencia financiera y detectar posibles discrepancias entre los gastos realizados y los ingresos declarados. Según el Ministerio de Hacienda, el creciente uso de pagos digitales, especialmente en operaciones internacionales, requiere un control más exhaustivo para evitar fraudes y blanqueo de capitales.

A partir de 2026, las entidades emisoras deberán presentar una declaración anual obligatoria sobre las tarjetas que hayan acumulado más de 25.000 euros en movimientos durante el año. Esto incluye todas las transacciones, desde compras habituales en tiendas físicas hasta pagos en línea, recargas de tarjetas prepago y retiradas de efectivo en cajeros automáticos.

La Agencia Tributaria recibirá información detallada sobre cargos realizados, todas las compras realizadas con la tarjeta; recargas, en el caso de tarjetas prepago; retiradas de efectivo en el caso de operaciones realizadas en cajeros; y pagos en moneda extranjera, lo que afecta a transacciones realizadas fuera de España o en divisas distintas al euro.

Además de los bancos, estarán obligados a reportar esta información las plataformas de pago y las redes de gasolineras y grandes almacenes que emiten tarjetas de crédito o débito. Esto ampliará significativamente el alcance de la normativa garantizando que afecte tanto a particulares como a empresas.

Autónomos y empresarios: bajo la lupa mensual

Uno de los cambios más significativos de esta medida afecta a los autónomos y empresas. Las entidades financieras deberán informar mensualmente a Hacienda sobre los cobros realizados mediante tarjetas o aplicaciones como Bizum o PayPal. Lo más relevante es que no habrá un importe mínimo para las operaciones que se reporten. Esto significa que desde pequeñas transacciones hasta grandes ventas serán fiscalizadas, aumentando la transparencia pero también la carga administrativa para estos colectivos.

Aunque los 25.000 euros anuales de límite puedan parecer elevados, para muchos usuarios no lo son tanto si se considera el conjunto de compras, pagos digitales y retiradas de efectivo. Por ello, Hacienda aconseja a los ciudadanos llevar un control detallado de sus gastos para evitar problemas futuros. Y por esto mismo, la medida supondrá una carga adicional para empresas y autónomos, que deberán ser más rigurosos en la gestión de sus cobros y en la presentación de sus declaraciones fiscales. La digitalización no solo facilitará el comercio, también permitirá una supervisión más exhaustiva de las actividades económicas. El real decreto, actualmente en tramitación, será evaluado por el Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. Una vez en vigor, afectará a todos los agentes sociales y económicos, así como a los ciudadanos.