El Real Decreto-ley 31/2026 reconoce dos situaciones especiales de incapacidad temporal (bajas laborales) relacionadas con patologías incapacitantes derivadas de la menopausia y lesiones causadas por violencia de género. No exigirán cotización previa y tendrán un régimen económico distinto al de las bajas por enfermedad común.
Las empresas deberán tener en cuenta dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal a partir del 1 de diciembre de 2026. El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, incorpora una protección específica para las trabajadoras que sufran patologías incapacitantes relacionadas con un trastorno menopáusico secundario y para aquellas que no puedan trabajar como consecuencia de lesiones provocadas por violencia de género.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de octubre, entró en vigor con carácter general ese mismo día, aunque estas dos medidas comenzarán a producir efectos el 1 de diciembre. Su aplicación tendrá consecuencias tanto para las trabajadoras como para los departamentos laborales de las empresas, especialmente en lo relativo a los requisitos para acceder a la prestación, su fecha de inicio y la gestión de las nóminas.
“Estas nuevas situaciones de incapacidad temporal buscan ofrecer una protección específica ante circunstancias que pueden impedir temporalmente el desarrollo de la actividad laboral. Para las empresas, lo importante será identificar correctamente el régimen aplicable y gestionar las bajas respetando siempre la confidencialidad de la información médica”, explica José Miguel Peñas de Pablo, CEO de Grupo Servicios Reunidos Peñas (SRP).
¿Cuándo se podrán solicitar estas nuevas bajas laborales?
La primera situación especial afecta a las patologías limitantes derivadas de un trastorno menopáusico secundario. Esto no significa que cualquier síntoma asociado a la menopausia permita acceder automáticamente a una baja laboral.
Para su reconocimiento será necesario que exista una patología incapacitante debidamente indicada por el Servicio Público de Salud, que la trabajadora reciba asistencia sanitaria y que su situación le impida desarrollar su actividad profesional. Será el facultativo correspondiente quien determine si procede emitir el parte de baja.
La segunda situación especial está relacionada con las lesiones derivadas de violencia de género, cuando hayan sido causadas por quien sea o haya sido cónyuge de la trabajadora o por una persona con la que mantenga o haya mantenido una relación análoga de afectividad, incluso sin convivencia.
En este caso, deberá existir una relación causal entre las lesiones y la incapacidad laboral. La regulación también contempla requisitos específicos de acreditación mediante documentación sanitaria, judicial o del Ministerio Fiscal.
En ambos supuestos, la información se tramitará mediante los procedimientos establecidos por la Seguridad Social, sin que la empresa tenga derecho a conocer el diagnóstico concreto de la trabajadora.
No se exigirán 180 días cotizados y la prestación comenzará antes
Una de las principales novedades es que ninguna de estas dos situaciones especiales de bajas laborales exigirá un periodo mínimo de cotización para acceder al subsidio. “Esto supone una diferencia importante respecto a la incapacidad temporal ordinaria por enfermedad común, para la que generalmente se requieren 180 días cotizados durante los cinco años anteriores”, apunta Peñas de Pablo.
La prestación económica se calculará conforme a las reglas previstas para las contingencias comunes, pero comenzará a abonarse desde el día siguiente al de la baja. La empresa asumirá el salario íntegro correspondiente al día de la baja, mientras que el subsidio posterior correrá a cargo de la entidad gestora o colaboradora responsable de la cobertura.
Por tanto, no se aplicará el régimen económico habitual de una enfermedad común, en el que la prestación comienza el cuarto día y la empresa asume el subsidio entre los días cuarto y decimoquinto. Para las empresas, esta diferencia hace especialmente importante que los procesos se identifiquen correctamente en la gestión laboral y de nóminas.
“No todas las incapacidades temporales tienen las mismas consecuencias económicas ni los mismos requisitos de acceso. Una clasificación incorrecta puede provocar errores en el cálculo de las prestaciones o en las obligaciones de la empresa. Por eso es importante que los departamentos laborales y las asesorías estén preparados antes de la entrada en vigor”, advierte Peñas de Pablo.
Los procesos iniciados antes del 1 de diciembre continuarán sometidos a las reglas anteriores, mientras que la nueva regulación se aplicará a los que comiencen desde esa fecha. Además, al tratarse de un real decreto-ley, su continuidad está sujeta al correspondiente trámite de convalidación o derogación por la Diputación Permanente del Congreso.
Desde Grupo Servicios Reunidos Peñas se recomienda a empresas y autónomos con trabajadores revisar sus procedimientos de gestión de bajas laborales y nóminas para aplicar correctamente estas nuevas situaciones especiales, sin solicitar información médica que no corresponda conocer al empleador.
