Un vertido accidental, una fuga de sustancias peligrosas, la contaminación de un suelo o un daño a un espacio natural pueden tener consecuencias mucho más allá de una sanción administrativa y derivar en una responsabilidad medioambiental. En determinados supuestos, la empresa responsable puede verse obligada a asumir una multa y, además, a reparar íntegramente el daño medioambiental ocasionado, incluso aunque no haya existido culpa o negligencia.

Así lo establece la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, la norma que regula en España la prevención y reparación de los daños causados a los recursos naturales y que incorpora al ordenamiento jurídico el principio europeo de “quien contamina, paga”. Su objetivo no es únicamente sancionar, sino garantizar que el medio ambiente vuelva, en la medida de lo posible, al estado en el que se encontraba antes de producirse el daño.

“La responsabilidad medioambiental suele asociarse a grandes accidentes industriales, pero la realidad es que muchas actividades económicas están sujetas a esta normativa y desconocen el alcance de las obligaciones que puede generar”, explica José Miguel Peñas de Pablo, CEO del Grupo Servicios Reunidos Peñas (SRP).

Régimen de responsabilidad medioambiental

Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que configura un régimen de responsabilidad administrativa, objetiva e ilimitada. Esto significa que, para determinadas actividades, la Administración puede exigir la adopción de medidas de prevención y reparación del daño aunque no exista dolo, culpa o negligencia por parte del operador. La obligación consiste en asumir todos los costes necesarios para devolver los recursos naturales afectados a su estado original o, cuando esto no sea posible, aproximarse lo máximo posible a esa situación.

La norma afecta especialmente a las actividades recogidas en el Anexo III de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, entre las que se encuentran la explotación de instalaciones sometidas a autorización ambiental, la gestión y tratamiento de residuos, los vertidos a aguas superficiales o subterráneas, la captación de aguas, el almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas, el uso de organismos modificados genéticamente, la gestión de residuos de industrias extractivas o la explotación de instalaciones de almacenamiento de carbono, entre otras.

En la práctica, esto significa que la ley puede afectar a empresas muy diferentes: desde industrias químicas, explotaciones ganaderas o canteras hasta gestores de residuos, estaciones de servicio, empresas de transporte de mercancías peligrosas, depuradoras, plantas de tratamiento, instalaciones con autorizaciones ambientales o negocios que manipulan productos químicos, biocidas o fitosanitarios.

“Muchas veces se piensa que esta normativa solo afecta a grandes industrias contaminantes, pero existen actividades mucho más habituales que también deben extremar las medidas de prevención”, apunta Peñas de Pablo.

La protección se centra en determinados recursos naturales, como las aguas continentales y marinas, el suelo, la ribera del mar y de las rías, así como las especies de flora y fauna silvestres y sus hábitats. En cambio, los daños al aire o los perjuicios sufridos directamente por personas o bienes quedan, con carácter general, fuera del ámbito de aplicación de esta ley, salvo en determinados supuestos previstos por la normativa.

Conviene no confundir esta responsabilidad con la indemnización por daños personales o materiales. La Ley de Responsabilidad Medioambiental no busca compensar económicamente a los particulares, sino restaurar los recursos naturales afectados. Las reclamaciones de personas o empresas perjudicadas seguirán tramitándose por las vías civiles, administrativas o aseguradoras que correspondan.

No basta con evitar el daño

La Ley de Responsabilidad Medioambiental distingue varias fases de actuación. Cuando existe una amenaza inminente, el operador debe adoptar inmediatamente las medidas necesarias para prevenir el daño. Si este ya se ha producido, está obligado a evitar que se agrave y a ejecutar las actuaciones necesarias para su reparación.

La normativa contempla tres niveles de reparación. La reparación primaria busca devolver el recurso natural a su estado original; la reparación complementaria entra en juego cuando esa restitución no resulta completamente posible; y la reparación compensatoria pretende compensar las pérdidas temporales de recursos naturales mientras la recuperación produce sus efectos, sin que ello suponga una indemnización económica para los ciudadanos.

Un ejemplo sencillo sería el de un vertido accidental de sustancias contaminantes a un río. En ese caso, la obligación de la empresa no se limitaría a retirar el vertido. También podría verse obligada a recuperar la calidad del agua, restaurar el ecosistema afectado, reponer especies dañadas o financiar actuaciones ambientales complementarias hasta devolver el entorno, en la medida de lo posible, a su estado anterior.

Del mismo modo, una fuga de hidrocarburos en una estación de servicio o en una instalación industrial puede obligar a descontaminar completamente el suelo y el subsuelo, incluso si el incidente fue accidental y se produjo sin una conducta negligente. “No basta con asumir una sanción económica. La empresa puede verse obligada a financiar actuaciones técnicas de restauración ambiental cuyo coste puede ser muy elevado”, señala Peñas de Pablo.

Obligación de actuar

La Ley de Responsabilidad Medioambiental concede amplias facultades a las administraciones competentes para actuar cuando exista un riesgo para el medio ambiente. De hecho, la Administración puede intervenir de forma inmediata. Entre otras medidas, puede exigir información técnica al operador, ordenar actuaciones urgentes para contener la contaminación, dictar instrucciones de obligado cumplimiento, supervisar los trabajos de restauración e incluso ejecutar directamente las medidas necesarias a costa del responsable cuando este no actúe o la situación lo exija.  Cuando existe riesgo para los recursos naturales, la obligación de actuar suele ser inmediata y el operador debe acreditar que ha adoptado medidas suficientes para prevenir, contener y reparar el daño.

No obstante, la norma también establece determinados supuestos en los que no resulta aplicable, como los daños derivados de conflictos armados, guerras, insurrecciones, fenómenos naturales excepcionales e irresistibles, determinados riesgos nucleares o situaciones reguladas por convenios internacionales específicos. Además, la responsabilidad medioambiental no podrá exigirse cuando hayan transcurrido más de 30 años desde que tuvo lugar el hecho que originó el daño.

Desde SRP recuerdan que la mejor estrategia pasa por la prevención. Identificar los riesgos ambientales asociados a la actividad, revisar periódicamente las autorizaciones administrativas, implantar protocolos de actuación y mantener actualizadas las medidas de control puede evitar procedimientos de enorme complejidad técnica y económica.