Perder una licencia de actividad puede poner contra las cuerdas a cualquier negocio. Un cierre cautelar, un expediente de caducidad o una revocación administrativa no son simples trámites, pueden impedir abrir el local, paralizar ingresos, afectar a empleados y comprometer contratos con clientes y proveedores. Por eso, cuando un Ayuntamiento cuestiona una licencia, la clave está en actuar rápido, contar con un buen asesoramiento y saber si todavía puede recuperarse.

La licencia de actividad o de apertura es el acto administrativo que permite ejercer una actividad económica, comercial, industrial, profesional o de servicios en un local, nave o establecimiento concreto. Con ella, el Ayuntamiento verifica que el inmueble cumple las condiciones técnicas, urbanísticas, ambientales y sectoriales exigidas, como seguridad, accesibilidad, salubridad, aislamiento acústico, protección contra incendios y compatibilidad con el planeamiento.

“Una licencia es la base jurídica que permite funcionar con seguridad. Cuando se pierde o se suspende, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser económico, porque afecta directamente a la continuidad del negocio”, explica José Miguel Peñas de Pablo, CEO del Grupo Servicios Reunidos Peñas (SRP).

¿Cuándo puede perderse una licencia de actividad?

Una licencia de actividad puede quedar en riesgo por varios motivos. El más habitual es la caducidad por inactividad, que aparece cuando el local permanece cerrado o la actividad se interrumpe durante un periodo continuado. No existe una regla única para todos los municipios, pero muchas ordenanzas prevén plazos de seis meses o un año antes de que el Ayuntamiento pueda iniciar un expediente de caducidad.

Ahora bien, la licencia de actividad no desaparece automáticamente porque el negocio cierre unos meses. Para que pierda eficacia, el Ayuntamiento debe tramitar un procedimiento, dar audiencia al interesado y dictar una resolución formal.

El segundo gran supuesto es la revocación administrativa, que suele producirse por incumplimientos graves. Puede estar relacionada con exceso de aforo reiterado, molestias por ruidos, falta de medidas de seguridad, deficiencias en protección contra incendios o cambios urbanísticos que hagan incompatible la actividad.

La diferencia es importante. En la caducidad, el problema suele estar en la falta de actividad. En la revocación, el conflicto nace de una infracción, un incumplimiento o una incompatibilidad sobrevenida.

¿Cuándo todavía puede recuperarse?

Hay situaciones en las que la licencia de actividad puede salvarse. La primera aparece cuando el local está cerrado, pero el Ayuntamiento aún no ha declarado formalmente la caducidad. Si la Administración no ha dictado resolución y no se han modificado ni el local ni la actividad, la licencia puede seguir vigente.

En ese caso, lo habitual será presentar una comunicación previa de reanudación de actividad, acompañada de un certificado técnico de persistencia o idoneidad. Ese documento debe acreditar que las instalaciones no han cambiado, que la distribución y la superficie son las mismas y que el local sigue cumpliendo las condiciones de seguridad y funcionamiento.

También puede recuperarse o aprovecharse la licencia de actividad cuando hay un cambio de titularidad. Si el negocio se transmite y la actividad sigue siendo la misma, no siempre hace falta pedir una licencia nueva desde cero. Lo prudente es tramitar cuanto antes el cambio de titular, especialmente antes de que la inactividad consuma los plazos previstos en la ordenanza municipal.

Aquí conviene cuidar dos aspectos: que la actividad sea idéntica y que exista documentación suficiente para acreditar la transmisión. Un bar sigue siendo un bar, pero no puede convertirse sin más en un bar con cocina si la licencia de actividad anterior no lo permitía. Y si el anterior titular no comparece, habrá que justificar el derecho de uso del local mediante contrato de alquiler, escritura u otro título válido.

Otro supuesto frecuente es el cierre cautelar tras una inspección. Si el Ayuntamiento precinta el local por deficiencias técnicas, como problemas de incendios, estructura, ruidos o seguridad, la vía pasa por subsanar cuanto antes. Una vez ejecutadas las obras o medidas exigidas, el técnico debe emitir un informe de subsanación y presentarlo ante el Ayuntamiento para que los servicios municipales comprueben la corrección de las deficiencias y levanten la suspensión.

“En estos casos, el tiempo es decisivo. No basta con recurrir. Muchas veces hay que trabajar en paralelo, defender jurídicamente el expediente y corregir técnicamente lo que sea necesario para que el negocio pueda volver a abrir”, señala Peñas de Pablo. Por todo ello, en estos casos, siempre es especialmente contar con ayuda especializada como la que ofrecen los profesionales de SRP.

Existe además una vía que muchas empresas desconocen, la caducidad del propio procedimiento administrativo. El Ayuntamiento no dispone de tiempo ilimitado para retirar una licencia de actividad. Si inicia un expediente de caducidad, pero deja pasar los plazos legales sin resolver correctamente, el procedimiento puede caducar. En ese escenario, el titular puede recurrir la resolución mediante reposición o acudir a la vía contencioso-administrativa.

Cuando el Ayuntamiento ya ha declarado la caducidad mediante un expediente completo, tramitado y notificado correctamente, la situación cambia. La licencia original queda sin efectos y, por regla general, no puede rehabilitarse. Para volver a abrir, habrá que tramitar un nuevo título habilitante, ya sea mediante declaración responsable o mediante licencia ordinaria, según la actividad y la normativa municipal aplicable.

Lo mismo ocurre con una revocación firme y válida. Si el Ayuntamiento retira una licencia por razones de legalidad, por cambios de planeamiento o como sanción ante un incumplimiento grave, el acto que permitía funcionar desaparece del ordenamiento y no puede reactivarse como si nada hubiera ocurrido.

Por eso es tan importante no esperar a que el expediente esté cerrado. Si el Ayuntamiento notifica el inicio de un procedimiento de caducidad o extinción, el titular suele disponer de un plazo de 10 a 15 días hábiles para presentar alegaciones. En ese momento pueden aportarse pruebas de actividad, justificar que el cierre respondió a fuerza mayor o acreditar que no se daban los requisitos para declarar la pérdida de eficacia de la licencia de actividad.

¿Y si ya existe resolución?

Si ya existe resolución, todavía pueden interponerse recursos administrativos. El recurso de reposición se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes. Si la resolución no agota la vía administrativa, podrá plantearse recurso de alzada ante el superior jerárquico.

Agotada la vía administrativa, queda la opción judicial. El recurso contencioso-administrativo debe presentarse normalmente en el plazo de dos meses. En ese punto, la  medida que  puede marcar la diferencia es solicitar la suspensión cautelar de la revocación o clausura. Si el juez aprecia que el cierre puede causar perjuicios de difícil reparación, como la quiebra del negocio, puede permitir que el establecimiento siga funcionando mientras se resuelve el fondo del asunto.

Desde SRP recomiendan revisar cualquier expediente de licencia desde tres planos. El primero es el administrativo, para detectar defectos de procedimiento o plazos incumplidos. El segundo, el técnico, para comprobar si las deficiencias son subsanables. Y el tercero, el económico, para valorar el impacto real del cierre sobre la actividad.  “En materia de licencias, esperar suele salir caro. Cuanto antes se revise el expediente, más opciones hay de mantener vivo el negocio y evitar tener que empezar de cero”, concluye Peñas de Pablo.