La convalidación del Real Decreto-ley 7/2026 en el Congreso activa un nuevo paquete fiscal con impacto directo en empresas y autónomos. La norma, enmarcada en el Plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, combina rebajas fiscales inmediatas con incentivos a la inversión, especialmente en energía y movilidad. Para el tejido empresarial está tanto en el ahorro puntual cómo en aprovechar estas medidas para mejorar márgenes y planificar inversiones en 2026.
Una de las medidas más relevantes es la recuperación de la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para instalaciones de energías renovables. Esto permite a las empresas deducir de forma acelerada estas inversiones, mejorando la liquidez y reduciendo la carga fiscal en el corto plazo. “Este incentivo vuelve a situar la inversión energética como una herramienta de ahorro de costes y de optimización fiscal”, aclara el CEO de Servicios Reunidos Peñas (SRP), José Miguel Peñas de Pablo.
El decreto mantiene los beneficios fiscales vinculados a la movilidad eléctrica, tanto en la adquisición de vehículos como en la instalación de puntos de recarga. En una provincia como Guadalajara, en la que predomina la logística y el transporte, esto supone una oportunidad para que las empresas renueven su flota, ya que pueden reducir costes operativos y mientras obtienen una ventaja fiscal.
En el ámbito operativo, las medidas más inmediatas llegan vía impuestos indirectos. Se aplica de forma temporal el IVA reducido del 10% a carburantes, gas natural, electricidad y otros combustibles, junto con la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% y ajustes en hidrocarburos. “El efecto va a ser directo, porque al tener menos coste energético obtendremos mayor margen, especialmente en negocios intensivos en consumo energético”, aclara Peñas de Pablo.
Traducido a la gestión diaria de una empresa, el IVA reducido puede jugar un papel doble, ayudando a mejorar el margen en actividades con costes energéticos o logísticos elevados y, por otro lado, reduciendo la presión para trasladar esas subidas al cliente final, lo que permite contener precios en un momento especialmente sensible para muchas familias.
Algo parecido ocurre con el resto de incentivos. La libertad de amortización mejora caja casi de forma inmediata, porque acelera el efecto fiscal de la inversión, mientras que las deducciones operan como un ahorro diferido que conviene planificar bien para que realmente genere ventaja.
El foco de incertidumbre
Pero no todo son certezas. El decreto deja fuera medidas clave que afectan directamente a autónomos y pymes. Así, no se ha prorrogado el régimen de módulos en IRPF ni el régimen simplificado de IVA. Tampoco se ha habilitado un nuevo plazo extraordinario para renunciar al Suministro Inmediato de Información (SII) ni se han actualizado los coeficientes de la plusvalía municipal. “Este vacío puede generar un escenario de incertidumbre fiscal, especialmente para quienes dependen de estos regímenes”, lamenta el CEO de SRP. “El nuevo marco obliga a las empresas a tomar decisiones con rapidez, porque las medidas están en vigor, pero muchas tienen carácter temporal”. En ese sentido, resulta importante contar con un buen asesoramiento por parte de profesionales como los de SRP, siempre pendientes de las novedades legislativas y de cómo éstas puedan afectar a sus clientes. “La diferencia entre aprovechar o no la nueva situación estará en planificar inversiones, revisar costes y adaptar la estrategia fiscal a cada escenario que se vaya presentando”.
