Los conflictos entre empresas no suelen empezar en el juzgado. Empiezan mucho antes, en una factura impagada, en una obra que se retrasa, en una salida de socios mal cerrada o en una reclamación de daños calculada “a ojo”. Y es precisamente ahí donde una buena pericial económica marca la diferencia. En un pleito con contenido financiero, contable o patrimonial, no basta con afirmar que se ha sufrido un perjuicio: hay que explicarlo con números y documentación.

“En muchos procedimientos, la discusión real no está en el relato, sino en una pregunta mucho más sencilla, de dónde sale exactamente la cifra que se reclama”, resume José Miguel Peñas de Pablo, CEO de Servicios Reunidos Peñas (SRP).

Muchas empresas creen que basta con aportar un informe para reforzar su posición. Pero la clave no está en presentar una pericial, sino en entender cómo la valora realmente el tribunal. La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el dictamen pericial cuando hacen falta conocimientos técnicos para valorar hechos relevantes del procedimiento y exige al perito actuar con objetividad, valorando tanto lo que favorece como lo que perjudica a cada parte.

Además, el juez no da por buena una pericial porque sí. La valora conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, atendiendo a su lógica interna, a su rigor, a la coherencia del método empleado y a la documentación sobre la que se apoya. En esa línea se está citando con frecuencia la STS 64/2026, de 26 de enero, que insiste en tres elementos que, en la práctica, son determinantes: la cualificación del perito, el contraste del informe con la documentación del caso y la solidez metodológica del dictamen. “Una pericial económica sirve cuando no obliga al juzgado a creer en el perito, sino cuando permite seguir el hilo documental y comprobar que la cifra se sostiene por sí sola”, resume Peñas de Pablo.

¿Dónde suele ser decisiva una pericial económica en Guadalajara?

Según datos de 2023, entre las actividades con mayor presencia en la provincia de Guadalajara figuran el comercio minorista, con 1.949 locales; la construcción de edificios, con 1.614; los servicios de comidas y bebidas, con 1.125; las actividades de construcción especializada, con 1.000; y el transporte terrestre, con 839. Son sectores donde los contratos, los márgenes, las certificaciones, los suministros y la trazabilidad documental juegan un papel central. Y precisamente por eso, también son sectores donde una cifra mal construida puede hundir un proceso.

En la práctica diaria, tanto para todas ellas, cercanas al buen hacer de SRP, como para las del conjunto del país, hay varios escenarios en los que la economía forense resulta especialmente útil. Entre los más habituales están los impagos, las penalizaciones contractuales y las resoluciones de contratos en comercio, servicios o logística. En estos casos no basta con decir que se ha perdido dinero, hay que determinar qué daño es real, qué parte del perjuicio puede acreditarse y si existe realmente un lucro cesante y con qué base.

Otro de los grandes focos de conflicto está en la construcción, donde las reclamaciones por sobrecostes y retrasos son especialmente frecuentes. Aquí la cuestión central suele ser distinguir qué parte del sobrecoste es imputable a una de las partes y qué parte responde a cambios de alcance, decisiones del cliente, incidencias no atribuibles o desviaciones propias de la ejecución. Sin certificaciones, mediciones, partidas y soporte documental claro, la cifra reclamada pierde fuerza muy rápido.

También es muy habitual la necesidad de una pericial en conflictos entre socios, en salidas de empresa familiar o en valoraciones societarias mal planteadas. En este terreno abundan los errores de método: múltiplos sin comparables reales, hipótesis infladas, valoraciones que no ajustan la dependencia de una persona clave, la concentración de clientes o la deuda real de la sociedad. Cuando eso ocurre, la discusión además de jurídica, es técnica.

A todo ello se suman supuestos de responsabilidad de administradores, concursos, derivaciones de responsabilidad y reclamaciones complejas, donde resulta imprescindible reconstruir flujos, revisar la coherencia contable y demostrar la trazabilidad de operaciones que a menudo se discuten años después.

Los errores que más daño hacen cuando una empresa reclama o se defiende

Uno de los fallos más frecuentes es cuantificar daños en bruto, sin separar conceptos. Se confunden ingresos con beneficio, se mezclan daños pasados y futuros o se introducen partidas sin soporte suficiente. Eso suele ocurrir cuando la empresa parte de una idea intuitiva del perjuicio, pero no la traduce a una cuenta reproducible.

Otro error muy común es elaborar un informe pensado para “ganar” y no para explicar. Los juzgados detectan rápido los dictámenes que omiten datos relevantes, fuerzan conclusiones o adoptan un tono más combativo que técnico. Y ahí la objetividad exigida por la ley se vuelve en contra de quien presenta el informe.

También genera muchos problemas la valoración apresurada de empresas, especialmente en negocios pequeños o medianos, donde conviven actividad, inmuebles, vehículos, contratos y una fuerte dependencia personal de los socios. Cuando se elige un método sin justificarlo, cuando las proyecciones no tienen base o cuando no se muestran escenarios alternativos, el informe pierde credibilidad.

A ello se añade un elemento que muchas veces se olvida, la mitigación del daño. Los tribunales suelen valorar si quien reclama hizo lo razonable para reducir la pérdida, frenar el deterioro o buscar alternativas. Cuando no se acredita ese esfuerzo mínimo, parte del daño reclamado puede no prosperar.

Cómo se trabaja una pericial económica con verdadera utilidad procesal

En SRP, cuando un asunto tiene contenido económico, no se empieza por la cifra final. Se empieza por el mapa probatorio. Es decir, por analizar qué puede sostenerse con números y qué no, qué documentación existe, qué piezas faltan y hasta dónde es viable reclamar o defender una posición con base técnica real.

A partir de ahí, el trabajo pasa por reconstruir la operación con fuentes verificables, utilizar un criterio de cálculo coherente y, cuando hace falta, plantear escenarios, incluso explicar qué pasaría si cambian ventas, márgenes, costes o hacer hipótesis de valoración.

El siguiente paso es traducir ese análisis en un informe que pueda entender un tribunal, que sea claro y reproducible, y que no dependa de la autoridad del firmante, sino de la consistencia del razonamiento. “En sede judicial, una cifra no vale por parecer razonable. Vale por poder demostrarse” finaliza el CEO de SRP.