El Tribunal Constitucional ha zanjado uno de los grandes frentes fiscales abiertos de los últimos años al avalar el sistema de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para empresas con más de 10 millones de euros de cifra de negocios. La decisión, adoptada por el Pleno el pasado 20 de noviembre, rechaza que este mecanismo vulnere el principio de capacidad económica, tal y como sostenían varias empresas y algunos tribunales territoriales. La nota oficial del TC confirma que el método “no grava rentas ficticias” y que constituye una “medición razonable de la renta real” de las compañías, apoyándose en el resultado contable positivo de los primeros meses del ejercicio.

El Tribunal entiende que el anticipo del 23% sobre el resultado contable de los 3, 9 u 11 primeros meses ofrece una imagen fiel de la capacidad económica de la empresa. Ese resultado contable —mayor, menor o igual que la base imponible final— es considerado una referencia válida para exigir pagos a cuenta, igual que ocurre con otros tributos como el IRPF. Conclusión: los pagos fraccionados son una obligación autónoma y provisional, y su cuantía puede superar la cuota final sin que ello suponga confiscatoriedad ni vulneración de derechos.

La resolución llega, eso sí, con un matiz relevante, ya que cinco magistrados anuncian voto particular, lo que anticipa matices doctrinales cuando se publique la sentencia completa. Pero el núcleo de la sentencia respalda el hecho de que el sistema vigente es constitucional. “El Constitucional confirma algo que el tejido empresarial intuía: el sistema puede ser exigente, pero es estable. Y en fiscalidad, la estabilidad es casi tan valiosa como el tipo impositivo”, señala el CEO del Grupo Servicios Reunidos Peñas (SRP), José Miguel Peñas de Pablo.

El origen del conflicto

El pulso jurídico venía de lejos. El régimen reforzado actual nació en 2016, cuando el Gobierno reforzó por decreto-ley los anticipos mínimos para grandes empresas. Aquel Real Decreto-ley 2/2016 fue declarado inconstitucional años después por defectos formales, lo que abrió una vía de reclamaciones que el Ejecutivo cerró reintroduciendo el mismo mecanismo mediante una ley ordinaria dentro de los Presupuestos de 2018.

En febrero de este año, el TC admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteadas por el TSJ de la Comunidad Valenciana, que cuestionaban el fondo del sistema. La sentencia ahora conocida las desestima y cierra el debate material, despejando la incertidumbre jurídica que llevaba casi una década encima de la mesa.

La posición del tribunal encaja además con la línea ya trazada por el TEAC el pasado 12 de noviembre, que había recordado que la caída formal del decreto de 2016 no permitía rectificar anticipos posteriores, porque desde 2018 el régimen está blindado por ley.

El cierre de esta controversia evita un agujero potencial en las cuentas públicas. Solo en 2024, Hacienda ingresó cerca de 37.000 millones de euros por pagos fraccionados. Y la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades alcanzó 39.096 millones, máximos desde la burbuja inmobiliaria, impulsada por beneficios empresariales elevados.

Un pronunciamiento contrario habría obligado a reabrir miles de autoliquidaciones y podría haber generado devoluciones multimillonarias. Con este fallo, la vía queda prácticamente anulada salvo en casos muy específicos.

El Constitucional distingue este asunto de otras controversias que sí están dando lugar a devoluciones masivas, como las originadas por la limitación de deducciones introducida también en 2016, anulada por defecto formal en enero de 2024. En ese frente, la Audiencia Nacional está reconociendo devoluciones relevantes a empresas del Ibex. Pero aquí ocurre lo contrario: el diseño de los fraccionados se considera válido, lo que frena la expectativa de recuperaciones generalizadas.

Qué deben vigilar ahora las empresas

Ahora, para las grandes corporaciones, el foco se desplaza del litigio a la planificación financiera. La sentencia legitima definitivamente que el Estado exija anticipos elevados incluso cuando la cuota final resulte menor. Ello obliga a revisar estrategias de tesorería, proyecciones de resultados y modelos de cash-flow en entornos de resultados volátiles.

Las asesorías fiscales estarán atentas al texto completo y a los votos particulares para detectar si queda alguna grieta interpretativa —en especial para sectores con beneficios muy irregulares—, pero el marco general ya queda fijado: el sistema de anticipos es constitucional, proporcionado y plenamente exigible.