La entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024 reforma de forma sustancial la jubilación activa en España. Desde el pasado 1 de abril, por primera vez es posible compatibilizar trabajo y pensión sin necesidad de haber cotizado el 100 % de la base reguladora, lo que amplía notablemente el número de beneficiarios potenciales, especialmente entre los colectivos históricamente excluidos.
Hasta ahora, solo podían acogerse a la jubilación activa quienes hubieran cotizado más de 36 años y medio. Con la reforma, basta con acreditar los 15 años mínimos requeridos para acceder a una pensión contributiva. Esto supone, de facto, permitir la entrada de decenas de miles de nuevos jubilados a este régimen, particularmente entre las mujeres, más propensas a tener lagunas de cotización debido al rol tradicional que tienen en la estructura familiar, y los autónomos de edad avanzada.
A enero de 2024, la jubilación activa era un fenómeno residual en el sistema: solo 64.382 personas la utilizaban, frente a más de 9 millones de pensionistas. De ellas, apenas un 16,5 % eran mujeres. Esta baja cifra se explicaba en gran parte por los requisitos previos, muy exigentes en términos de cotización. Además, el modelo tenía una marcada orientación hacia el trabajo por cuenta propia: el 85 % de los acogidos eran autónomos, debido a la mayor flexibilidad para prolongar su actividad laboral.
Proyecciones
Para acceder a la jubilación activa en 2025 es imprescindible haber alcanzado la edad legal ordinaria de jubilación, que es de 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años, o de 66 años y 6 meses si no se alcanza ese periodo. Por lo tanto, no es posible acogerse a esta modalidad desde una jubilación anticipada. Además, el trabajador debe tener derecho a una pensión contributiva y estar dado de alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social. Eso sí, con la reforma basta con acreditar los 15 años mínimos de cotización. Con la nueva norma, cualquier persona que acceda a una pensión contributiva puede plantearse esta opción, con independencia de que su carrera laboral haya sido completa o no.
Las proyecciones apuntan a una expansión notable de esta opción. Solo entre 2025 y 2026 se espera la jubilación de más de 569.000 autónomos, muchos de los cuales podrían beneficiarse de la nueva jubilación activa. Organizaciones como UPTA estiman que al menos 100.000 podrían acogerse si se mantienen condiciones favorables. “La cifra contrasta con los apenas 54.000 autónomos actualmente en esta modalidad, lo que da una idea del margen de crecimiento”, señala el CEO del grupo Servicios Reunidos Peñas (SRP), José Miguel Peñas de Pablo.
Además del acceso más amplio, la reforma ha modificado la escala de compatibilidad económica. Frente al antiguo modelo que permitía cobrar el 50 % de la pensión (o el 100 % si se era autónomo con empleados), ahora se aplica un sistema progresivo según los años de actividad tras la edad legal: 45 % el primer año, 55 % el segundo, 65 % el tercero, 80 % el cuarto y 100 % a partir del quinto. Este nuevo diseño, aunque reduce la pensión compatible al principio, introduce incentivos crecientes de cara a demorar la jubilación completa.
Implicaciones económicas
El cambio tiene implicaciones económicas claras. Durante los años de jubilación activa, el pensionista sigue cotizando (incluida una cotización solidaria del 9 %) y percibe solo una parte de su pensión, lo que alivia temporalmente la carga sobre el sistema de Seguridad Social. Si se generaliza el uso de esta figura, el impacto en la sostenibilidad podría ser positivo. Según AIReF, las reformas aplicadas entre 2022 y 2025 mantienen el gasto medio en pensiones hasta 2050 por debajo del umbral comprometido (13,2 % del PIB frente al 13,3 % acordado).
Peñas de Pablo considera que “el éxito de la reforma dependerá de la confianza que genere entre los trabajadores. El modelo anterior era disuasorio para muchos autónomos. El actual es más equitativo, pero si se quiere consolidar esta figura como opción real, será clave que los incentivos sean suficientes”.
En esa línea, organizaciones como UPTA han advertido de que la reforma suprime ventajas que antes tenían los autónomos con asalariados, lo que podría frenar el uso de la nueva jubilación activa entre ese grupo. Reclaman recuperar la posibilidad de compatibilizar el 100 % de la pensión desde el primer día para no penalizar a quienes generan empleo.
Prolongar la vida laboral
A nivel estratégico, la reforma busca también prolongar la vida laboral, aprovechando la experiencia de los trabajadores senior y retrasando el gasto público en pensiones. Entre 2021 y 2023 la edad media de jubilación ya subió hasta los 65,05 años, y las jubilaciones anticipadas bajaron del 73 % al 61 %. El porcentaje de jubilaciones demoradas ya roza el 10 %, el doble que en 2019.
La nueva jubilación activa se inserta así en una tendencia más amplia: fomentar el envejecimiento activo y construir un sistema de pensiones más flexible y sostenible. Ahora habrá que ver si los potenciales beneficiarios responden al nuevo marco con suficiente adhesión como para que se cumplan los objetivos tanto sociales como financieros.
“Es una herramienta potente”, concluye Peñas de Pablo, “pero también es importante que los trámites no supongan una barrera”. En este sentido, destaca la importancia que puede llegar a tener para los interesados contar con un asesoramiento adecuado, para que esta opción realmente llegue a convertir es una vía “viable y beneficiosa para muchos jubilados”.
