El Plan de Control Tributario 2025, publicado recientemente por la Agencia Tributaria en el Boletín Oficial del Estado, ha puesto en el punto de mira a sectores tradicionalmente opacos y a figuras públicas de gran impacto económico como artistas y deportistas no residentes en España. “Este plan persigue maximizar la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y representa una estrategia ambiciosa y moderna que apuesta por la digitalización y el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para rastrear ingresos ocultos y detectar prácticas fraudulentas”, explica el CEO del Grupo Servicios Reunidos Peñas (SRP), José Miguel Peñas de Pablo. La idea es aumentar la eficacia recaudatoria mientras se reduce la economía sumergida y se fomenta el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Control de grandes patrimonios y signos externos de riqueza

Uno de los puntos más importantes del plan es el control de grandes patrimonios y signos externos de riqueza, poniendo especial atención en aquellos casos en los que existan discrepancias significativas entre la renta o el patrimonio declarado y el nivel de vida aparente del contribuyente. La Agencia Tributaria ha detectado prácticas recurrentes como el uso de sociedades instrumentales para desviar gastos personales, la simulación de préstamos ficticios para ocultar ingresos y la creación de entramados societarios que aparentan insolvencia. También es habitual la utilización de arrendamientos simulados para disfrazar el uso personal de bienes, todo ello con el objetivo de atribuir a las personas físicas el importe de gastos e inversiones que se disfrutan exclusivamente, pero que se han declarado como deducibles de sociedades pantalla. Frente a este problema, el plan contempla un enfoque mucho más agresivo en la identificación y control de estos movimientos financieros, aprovechando el análisis masivo de datos y la colaboración interinstitucional.

Atención al sector inmobiliario

El sector inmobiliario también atrae la atención del nuevo plan, especialmente en lo que respecta a las rentas generadas a partir de alquileres turísticos, un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias a plataformas digitales como Airbnb. El objetivo es identificar propietarios que obtienen ingresos significativos sin declararlos y rastrear plusvalías obtenidas por la venta de inmuebles, tanto por residentes como por no residentes.

“Para ello, la Agencia Tributaria empleará herramientas de Big Data y cruzará datos con registros autonómicos e internacionales”, aclara Peñas de Pablo. “Además, se vigilará el uso indebido de beneficios fiscales reservados para operaciones empresariales legítimas que, en algunos casos, han sido empleados fraudulentamente”.

Artistas y deportistas no residentes, bajo la lupa

Uno de los colectivos que más preocupan a Hacienda son los artistas y deportistas no residentes, cuyos ingresos pueden alcanzar cifras millonarias en eventos puntuales o contratos internacionales. El plan incluye medidas para verificar la residencia fiscal efectiva, evitando así falsos no residentes que buscan eludir sus obligaciones fiscales en España. Asimismo, se controlará la correcta aplicación de las retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), garantizando que los pagos realizados en territorio español cumplan con las normativas vigentes. La experiencia de años anteriores ha demostrado que muchos contribuyentes simulan residencias fiscales en el extranjero para esquivar el pago de impuestos, un fenómeno que se pretende atajar mediante un uso más exhaustivo de herramientas de análisis patrimonial y cruzando información entre países. En 2023, este enfoque permitió identificar a 136 contribuyentes que simulaban residencia fiscal fuera de España, lo que derivó en una recaudación de 27,7 millones de euros en impuestos atrasados.

Criptomonedas y la nueva ruta del fraude

Las operaciones con criptomonedas tampoco se quedan fuera del radar tributario. El auge de los activos digitales ha generado una nueva vía para el fraude fiscal que el plan pretende abordar de manera contundente. Para ello, se trabajará en colaboración con plataformas de intercambio y se aplicarán sanciones severas, incluyendo multas de hasta el 150% de la cuota defraudada y penas de prisión en los casos más graves, cuando el fraude supere los 120.000 euros. “La vigilancia se centrará en identificar contribuyentes que operan de manera habitual con criptomonedas pero que omiten declarar las ganancias obtenidas, aprovechando la naturaleza descentralizada y a menudo opaca de estos activos”, apunta el CEO de SRP.

Economía sumergida: combatiendo el fraude invisible

En el ámbito de la economía sumergida, el plan contempla reforzar los controles sobre el uso de terminales de punto de venta y sistemas de facturación que puedan manipular los ingresos. Especial atención recibirán aquellos sectores donde el uso de tarjetas es habitual y donde la facturación falsa se convierte en un mecanismo para inflar deducciones de IVA. El objetivo es garantizar que las actividades comerciales registren todos los ingresos, reduciendo el margen de maniobra para quienes intenten ocultar operaciones en efectivo o manipular las cifras de venta.

IA y digitalización: tecnología contra el fraude

La digitalización y el uso de inteligencia artificial también juegan un papel fundamental en esta estrategia. La Agencia Tributaria apuesta por herramientas automáticas que faciliten la asistencia al contribuyente, como la cita telefónica inmediata y el sistema ‘Renta Directa’ para declaraciones sencillas de IRPF. Además, se está trabajando en la automatización de procesos internos para agilizar los trámites, mejorar la atención ciudadana y fortalecer la detección de riesgos fiscales en tiempo real. Estas medidas facilitarán el cumplimiento voluntario de las obligaciones mientras incrementan la capacidad de respuesta ante posibles irregularidades.

“En términos de recaudación, las previsiones son optimistas. Se espera que el impacto del plan permita superar el estancamiento de la recaudación anual, que actualmente ronda los 16.500 millones de euros, para alcanzar los 17.000 millones anuales, recuperando así los niveles previos a la pandemia”, avanza el CEO de SRP. Hacienda confía en optimizar el control tributario y garantizar que aquellos que más tienen contribuyan de manera justa al sostener los servicios públicos y el estado de bienestar. “Desde SRP somos firmes defensores de nuestro sistema contributivo y entendemos que es de vital importancia que todo el mundo cumpla con sus obligaciones, por eso nuestros profesionales siempre están a disposición de todas aquellas personas y empresas que tengan cualquier tipo de duda sobre la puesta en marcha de estos mecanimos y la propia gestión de sus impuestos, porque aportar lo que debemos aportar, tampoco significa desembolsar de más”, finaliza Peñas de Pablo.