Tras ser catalogados como «falsos autónomos» por la Inspección de Trabajo en 2018, más de 3.200 ‘riders’ están pendientes del juicio abierto contra Glovo. Pero no solo están pendientes los afectados, porque la resolución judicial podría cambiar el panorama laboral de los servicios de reparto a nivel nacional. “El veredicto determinará cuál es la relación laboral entre la plataforma y los repartidores y quien deberá asumir las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores”, explica el CEO de Servicios Reunidos Peñas (SRP), José Miguel Peñas de Pablo. Y cuesta poco imaginar cuál será el veredicto, ya que existe una decisión previa del Tribunal Supremo en 2020 que reconoció la relación laboral entre un repartidor y Glovo.
Muy probablemente, la sentencia abrirá un panorama bastante complejo para los riders afectados. “De hecho, desde SRP ya estamos asesorando y prestando servicio a múltiples afectados de Madrid, Guadalajara y Barcelona, ya que se trata de un tema que puede ser bastante árido y que requiere una atención constante”.
Tres posibilidades
Básicamente, se podría decir que la sentencia abre tres posibilidades. La primera opción será la de aquellos ‘riders’ que tendrán que emprender una reclamación de pagos indebidos a la Seguridad Social, un proceso complejo y en el que el juzgado deberá notificar a la Tesorería General quién debe cubrir las cotizaciones. “Una vez se conozca la sentencia, los trabajadores podrán solicitarse a la Inspección de Trabajo la devolución de las cuotas si el juzgado no lo hace”.
La situación es tan complicada, que algunos sindicatos sugieren la posibilidad de que los trabajadores opten por dejar las cuotas como ya cotizadas para futuras prestaciones sociales. “Es una opción, pero la dificultad del proceso no debería impedir que quien lo desee pueda reclamar lo que en justicia es suyo”, señala Peñas de Pablo poniendo a disposición de los ‘riders’ que lo requieran los servicios de SRP.
Quienes se encontrarán ante una segunda vía son aquellos repartidores que trabajaron para varias plataformas durante el periodo en cuestión. “En su caso la complejidad es aún mayor, porque podrían ser necesarias resoluciones judiciales individuales para cada empresa, lo que podría prolongar aún más el proceso legal”.
Y en tercer lugar están aquellos riders que abandonaron el régimen de autónomos tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre Glovo, que se enfrenta a un marco legal distinto, ya que esperan que sea Glovo quien pague su cotización a la Seguridad Social.
Antes de que todo se concrete, será necesario que se haga público el fallo en el macrojuicio contra Glovo, un proceso que suma ya cinco años de litigio y que podría marcar un antes y un después en el sector de los repartidores en España.
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