A partir de ahora, los estudiantes en prácticas contarán con una mayor protección social. Según el Real Decreto aprobado por el Gobierno, todo estudiante que realice prácticas externas, ya sea remuneradas o no, tendrá que estar afiliado a la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2024.
Este cambio busca integrar a los estudiantes en el sistema de protección social durante su período formativo. Para ello, el Real Decreto contempla dos posibilidades:
1ª) Cuando un estudiante recibe una compensación económica por sus prácticas, será la entidad que paga la que deba asumir las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social.
2ª) En el caso de que las prácticas no sean remuneradas, será la empresa o entidad en la que las desarrolle la que deberá hacerse cargo del pago a la Seguridad Social, a menos que se acuerde lo contrario en el convenio de cooperación educativa.
Los pagos se deberán efectuar trimestralmente y la cuota por contingencias comunes y profesionales se establecerá anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Reducción de las cuotas por contingencias comunes
Para suavizar el impacto económico de esta medida, se establece una reducción del 95% en las cuotas que se pagan por contingencias comunes, por lo que el Estado cubre prácticamente la totalidad de las cotizaciones. Cada día de práctica no remunerada se contabilizará como 1,61 días cotizados. Eso sí, ésta será la única cuota aplicable, sin posibilidad de acumular otros beneficios.
“Esta reforma legislativa no solo representa un avance en los derechos de los estudiantes en prácticas, sino que garantiza una cobertura social durante una etapa clave de su formación profesional”, explica el CEO de Servicios Reunidos Peñas (SRP), José Miguel Peñas de Pablo. “De hecho, es algo que nosotros en SRP ya hemos venido realizando con muchos de los estudiantes que actualmente forman parte de nuestra plantilla”.
Esta nueva medida afecta a estudiantes de Formación Profesional, universitarios y de otros programas formativos, siempre que se formalice un convenio tripartito entre ellos, la institución educativa y la empresa o entidad de acogida en la que realicen sus prácticas.
Inclusión de prácticas no remuneradas
Hasta ahora, solo aquellos alumnos con prácticas remuneradas contribuían a la Seguridad Social, lo que les permitía acumular tiempo de cotización para la jubilación. La nueva regulación busca incluir también las prácticas no remuneradas, mejorando así la cobertura de los estudiantes en el ámbito laboral.
Actualmente, el gobierno está considerando permitir un convenio especial para contar períodos de prácticas anteriores a la norma, con una extensión de plazo de dos a cinco años. “Las instituciones educativas y las empresas en las que los alumnos realizan sus prácticas deberán ahora adaptarse a estos nuevos requisitos y asegurarse de que cumplen con las regulaciones a tiempo para la fecha límite, enero de 2024”, indica Peñas de Pablo, quien pone los servicios de SRP a disposición de todas aquellas empresas que los necesiten para hacer frente a este cambio que, como toda norma, tiene sus particularidades.
