Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre -recurso de casación nº 4542/2021- ha establecido que Hacienda no puede acceder a los dispositivos electrónicos de los ciudadanos si esto vulnera su intimidad.
Esto representa un revés para la Agencia Tributaria, que incluía esta medida en su Ley de Lucha contra el Fraude, aprobada precisamente para sortear las sentencias del Supremo que dificultaban las inspecciones sorpresa. “Hay que tener en cuenta que la lucha contra el fraude fiscal fue una condición que puso la Comisión Europea al Gobierno de España para que pudiera acceder a 8.000 millones de euros del Plan de Recuperación”, aclara José Miguel Peñas de Pablo, CEO de Servicios Reunidos Peñas (SRP).
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo advierte que Hacienda solo podrá realizar inspecciones de este tipo si cuenta con el respaldo de una ley orgánica. Sin embargo, la Ley de Lucha contra el Fraude no lo es. Por lo tanto, el fallo de la sentencia subraya la necesidad de tener una norma que posea el rango de ley orgánica para que su regulación sea más sólida y detallada, ya que afecta a derechos fundamentales de las personas.
Inspecciones a empresas
Este fallo ha anulado una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y establece jurisprudencia en relación a las entradas de Hacienda en dispositivos electrónicos. El caso que llegó al Tribunal Supremo ocurrió a principios de 2021, cuando la Agencia Tributaria intentó acceder al portátil de un contribuyente en una inspección relacionada con el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. A pesar de que el contribuyente se negó a permitirlo, la Agencia Tributaria tomó su portátil bajo coacciones y procedió a copiar su contenido sin discriminar los datos con posible relevancia fiscal de aquellos que tuvieran carácter estrictamente personal. Aunque posteriormente la Agencia obtuvo autorización judicial para actuar como lo hizo, este fallo del Supremo invalida todo el proceso.
Las inspecciones sin previo aviso por parte de Hacienda a empresas son una herramienta clave de la Ley de Lucha contra el Fraude. Desde la Agencia Tributaria consideran que la ley aclara el régimen de autorización judicial que permite la entrada al domicilio del contribuyente sin afectar al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha emitido ya dos fallos indicando que estas actuaciones deben ser reguladas mediante ley orgánica.
Las entradas de Hacienda en domicilios han aumentado recientemente, pasando de 14 en 2021 a 40 en 2022. Suman más de medio centenar y han permitido generar 17 millones de euros en ingresos. “Sin embargo, el problema de la legitimidad de estos procesos sigue ahí”, indica Peñas de Pablo. “Y deberá resolverse cuanto antes si el Estado no quiere que se termine volviendo en su contra”.
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